"El camino uruguayo" (Nota publicada en La Vanguardia -órgano de difusión del PS, de Septiembre)

Días atrás la noticia sacudió a América Latina y fue tapa de los principales diarios del mundo. Uruguay decidió hacerse cargo de una realidad social, abordándola en toda su complejidad y allanando el camino a la implementación de una política de Estado. En esta nota se reseña en qué consiste el camino elegido por el país vecino.

Tuvimos un comienzo de agosto atípico en este hemisferio: la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay, en una ajustadísima votación, con 50 votos a favor y 46 en contra, daba media sanción a un innovador proyecto de ley, que legaliza la marihuana, y le otorga al Estado facultades para producir, comercializar y distribuir la sustancia, situación que reaviva nuevamente el debate postergado en la región sobre la necesidad de caminar hacia un nuevo paradigma en el abordaje del consumo de estupefacientes. 

Las políticas de regulación de la marihuana a nivel mundial varían de país a país pero, a grandes rasgos, podemos decir que existen tres formatos:

a) Los que han declarado al cannabis como ilegal y mantienen la penalización;

b) Quienes declararon la ilegalidad pero han despenalizado ya sea su consumo o tenencia;

c) Los estados que optaron por regularla.

El imaginario simbólico remite en este tercer grupo –erróneamente– a Jamaica, país en el que legalmente están prohibidos el consumo y la venta de la planta. Otro caso conocido es Holanda, donde el consumo y posesión en pequeñas cantidad no está penalizado, y mantienen regulada la venta de cannabis y derivados a través de los coffee-shops. Países en los que el consumo –no el tráfico– también se encuentra despenalizado son, por ejemplo: Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, España, Portugal.

En Estados Unidos la cosa es más compleja, pues el consumo está penalizado a nivel nacional, pero es legal en Colorado y Washington, y se encuentra despenalizada en otros 14 estados. Y el caso más raro es Corea del Norte, donde el cultivo, venta y consumo de cannabis no está regulado por el gobierno, ni tampoco está clasificada esa planta como droga.

Hasta este momento, podemos afirmar, ningún país en el planeta se había animado a tanto. Y por eso es saludable la iniciativa. Uruguay dio una clara muestra de madurez política, y de soberanía. Decidió hacerse cargo de una realidad social, abordándola en toda su complejidad y allanando el camino a la implementación de una política de Estado que podrá dar respuestas a usuarios recreativos, que producirá las adaptaciones necesarias a su sistema de salud, que abre las puertas a la regulación para el uso medicinal, y que servirá para enfocar la mirada represiva exclusivamente al combate del narcotráfico.

¿Qué se aprobó en Uruguay?

El proyecto de ley con media sanción consta de 44 artículos, y regula la problemática desde tres esferas diferentes: por un lado una regulación individual, que habilita el autocultivo, con el tope de hasta seis plantas hembras, y 480 gramos de cosecha por año. Luego una esfera comunitaria, a partir de la regulación de los Clubes de Membresía (popularmente conocidos como Clubes de Cultivo), los que pueden tener un mínimo de 15 miembros y 45 de máximo, 99 plantas como tope, y producir una cantidad máxima de 40 gramos por usuario. Y la tercera esfera regulativa abarca al modelo comercial: la venta en farmacias, también hasta 40 gramos por mes, excluyente con el autocultivo y los Clubes, a través de un registro de compromiso, en el cual el usuario se compromete a no comprar más de esos 40 gramos de marihuana. O sea, todos los usuarios (que deben ser mayores de 18 años) deberán registrarse, con la debida protección de datos personales.

Para todo esto, el Estado uruguayo crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que dependerá del Ministerio de Salud Pública, y será el encargado de regular toda la actividad: desde la producción hasta el expendio en farmacias.

Lo llamativo es que, pese a que aún no está aprobada la ley, cuatro días después de la media sanción el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, anunció que las farmacias venderán el gramo de marihuana a U$S 2,5 "para que esté en línea con el mercado negro" y evitar "desviaciones de producto de un mercado a otro". El mismo Calzada también afirmó que no se brindarán más de 30 licencias en total a empresas que quieran plantar marihuana de manera legal. Todo esto da cuenta de la magnitud del negocio, y explica en gran parte el porqué de la proliferación de bandas narcos en toda la región.

Queda claro que la marihuana no es una sustancia inocua (como no lo es ningún estupefaciente, sea legal o no), y que puede acarrear en mayor o menor medida efectos no deseados en nuestra salud, justamente por eso se decidió regularla. Pero vale la pena resaltar –y puede corroborarse en la versión taquigráfica– que gran parte del debate en Diputados estuvo centrado en las aplicaciones del cannabis desde una esfera científica. En el campo medicinal, por ejemplo, la industria farmacéutica investiga y desarrolla cannabinoides como calmantes, sustituyendo a los opiáceos. También investiga aplicaciones para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.

El camino a recorrer en nuestro país

Cuando hablamos de despenalización y nuevo abordaje de estupefacientes en Argentina nunca lo hacemos con la idea de fomentar o relajar la idea del consumo. Pero tampoco creemos saludable seguir tapando el sol con la mano, y negar las nefastas consecuencias aparejadas por la ley nacional 23.737, tras 24 años de aplicación. Dicha norma nunca fue una herramienta útil para combatir el narcotráfico, no redujo niveles de consumo, y multiplicó por las nubes el número de causas penales a consumidores con cantidades mínimas –quienes desde 2009 se encuentran amparados por el fallo Arriola, que declaró inconstitucional la Ley 23.737 en esos casos– saturando el Sistema Judicial. El paradigma prohibicionista nos está llevando a un callejón sin salida. A una paradoja, que busca eliminar los posibles daños que puede causar una sustancia, generando mucho más daños que la sustancia misma.

Por otro lado, también es cierto que detrás de la posibilidad de fumar o no un cigarrillo de marihuana se juegan cuestiones conceptuales muy profundas. Estamos discutiendo nada más ni nada menos que los alcances de nuestra libertad individual, los limites del Estado, y la posibilidad que tienen nuestros representantes de imponernos un modo de vida determinado, creyendo saber qué cosa es lo mejor para cada uno de nosotros. Algo muy propio de la modernidad, y la concepción de biopoder, en términos de Michael Foucault. El control de los cuerpos, en el marco del aparato de producción económica, y la sociedad de consumo.

Diferenciar el consumo del narcotráfico es la clave para comenzar a dialogar. La educación y la información son herramientas fundamentales a la hora de abordar la temática en forma multidisciplinaria. Pero todo esto se logra reavivando este debate que, a nuestro entender, es impostergable. En ese camino estamos, y la respuesta uruguaya –de la que el mundo entero ha comenzado a hablar– abre una puerta importantísima. Hacia ahí, creemos, debemos empezar a caminar.

“LA VANGUARDIA”

Mes/año: septiembre de 2013.

Autor: Por Joaquin Azcurrain*

Pie de autor: *Grupo de Despenalización - JS Ciudad de Santa Fe